"Si una tabernera no acepta grano como precio del vino, sino que acepta plata a gran escala, o si la medida de la bebida es más pequeña que la medida del grano, se demostrará esto y será arrojada al agua" (Ley 108 Codigo de Hammurabi).
La figura de Hammurabi suele evocarse como uno de los primeros grandes legisladores de la historia, pero rara vez se subraya con suficiente detalle su impacto en algo tan cotidiano y, a la vez, tan culturalmente cargado como el vino. Su célebre Código de Hammurabi, redactado en torno al siglo XVIII a.C. en la ciudad de Babilonia, no solo organizaba la vida jurídica y social, sino que también establecía un marco sorprendentemente preciso para la producción, distribución y consumo de bebidas fermentadas, entre ellas el vino.
En una economía donde el comercio era esencial para la estabilidad del reino, el vino, aunque menos predominante que la cerveza en Mesopotamia, ocupaba un lugar relevante como producto de intercambio, bien de prestigio y elemento ritual. Hammurabi entendió que regular su circulación no era un asunto menor: implicaba controlar precios, garantizar la calidad y, sobre todo, mantener el orden social.
El código establece normas claras sobre la venta de bebidas en tabernas. Por ejemplo, se fijaban precios en función del tipo de producto y se prohibía explícitamente la especulación. Las taberneras, frecuentemente mujeres, estaban obligadas a aceptar pagos en grano que era la unidad económica básica y no podían alterar las medidas establecidas. La manipulación fraudulenta del volumen o del precio podía acarrear sanciones severas, lo que revela una temprana preocupación por lo que hoy llamaríamos “protección del consumidor”.
Además, el vino aparece indirectamente vinculado a cuestiones de orden público. Las tabernas eran espacios de sociabilidad, pero también potenciales focos de conspiración o desorden. El código responsabilizaba a los propietarios de estos establecimientos de denunciar actividades ilícitas; de lo contrario, podían enfrentarse a castigos extremos. Esto convierte al vino, no solo en un producto económico, sino en un elemento integrado en la arquitectura política del Estado.
Desde una perspectiva histórica, la influencia de estas regulaciones es profunda, aunque no siempre directa o lineal. El Código de Hammurabi inaugura una tradición jurídica en la que el vino y otras bebidas fermentadas quedan sujetos a normas específicas. Este principio será heredado, transformado y sofisticado por civilizaciones posteriores. En el mundo grecorromano, por ejemplo, encontramos regulaciones sobre la pureza del vino, su transporte y su fiscalidad. Más adelante, en la Edad Media europea, los gremios y las ordenanzas municipales retomarán esta lógica normativa, estableciendo controles sobre la producción y comercialización del vino en ciudades y regiones vinícolas.
Lo que subyace es una idea que nace, en parte, con Hammurabi, el vino no es un producto cualquiera. Es un bien cultural, económico y simbólico que requiere regulación. Esta concepción ha llegado hasta nuestros días en forma de denominaciones de origen, normativas de etiquetado, controles de calidad y legislación sobre comercialización.
En términos más amplios, el legado de Hammurabi en el ámbito vinícola no reside tanto en las disposiciones concretas, inevitablemente ligadas a su tiempo, como en el hecho de haber establecido que el vino forma parte del orden legal de una sociedad. Es decir, que su producción y consumo no son actividades marginales, sino estructurales. Y esa idea, nacida hace casi cuatro mil años en las riberas del Éufrates, sigue siendo reconocible en cualquier sistema vitivinícola contemporáneo.
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